La lucha sigue: mi experiencia como estudiante e inmigrante indocumentada

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10 de Agosto, 2016
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Imagen de manifestación en Atlanda, cortesía de Steve Pavey.
Imagen de manifestación en Atlanda, cortesía de Steve Pavey.

La siguiente entrada del blog fue escrita por Ashley Rivas-Triana, participante del programa Lambda Legal Dream Summer Intern. El programa Dream Summer es una beca nacional y un programa de desarrollo profesional para estudiantes que a su vez son inmigrantes y activistas. Lambda Legal les ha dado la bienvenida a varios participantes de este programa  como parte de nuestro compromiso con la dignidad e igualdad para todos los inmigrantes LGBT en Estados Unidos. Lambda Legal también lucha por reformas migratorias que incluyan a las personas LGBT.

En el verano de 2012, yo tenía 17 años y me acababa de graduar de la prepa. Mis amigos habían pasado sus últimos meses de la escuela solicitando ingreso a universidades y recibiendo cartas de admisión, y pronto estarían mudándose de sus casas a sus dormitorios universitarios. Fue un tiempo increíblemente emocionante.

Desafortunadamente, yo no pude compartir en esa emoción y felicidad. Por los últimos cuatro años, me había dedicado a mis estudios, a tener buenas notas y logré graduarme con honores.

A pesar de todos mis triunfos escolares, yo era (y sigo siendo) indocumentada. En el estado de Georgia, donde he vivido toda mi vida, los estudiantes indocumentados están prohibidos de asistir o solicitar ingreso a las cinco universidades públicas más grandes del estado, y todas las demás universidades cobran los costos de matriculación a precios de “out-of-state” o fuera del estado.

Los estudiantes indocumentados también somos inelegibles para recibir cualquier tipo de ayuda financiera federal. Todo esto me impidió a mí, como a muchos estudiantes, continuar mi educación.

Además de no poder estudiar, tampoco podía trabajar. No tenía ninguna forma de identificación que me dejaría trabajar legalmente. Sin una licencia, pasaporte o identificación, no tenía muchas opciones.

Además de todo, después de un proceso de más de diez años y de varios miles de dólares gastados en abogados y tarifas, mi familia fue informada, sin explicación, que nuestra petición para la residencia había sido negada y aguardábamos ser colocados en procedimientos de deportación.

Esos eran algunos de los meses más difíciles, más agotadores e inciertos de mi vida.

La sorpresa más grande vino más adelante ese verano.

En junio de ese año, el presidente Obama anunció una acción ejecutiva que introdujo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, una política que temporalmente protege a jóvenes inmigrantes que califican de la deportación y provee permisos de trabajo que son vigentes por dos años. Este programa me permitió permanecer en los Estados Unidos, en vez de ser deportada a un país al cual no había visitado desde que tenía dos años.

Después de eso, nadie se comunicó con nosotros sobre nuestra deportación pendiente, así que mis padres también pudieron permanecer, pero ya que no califican para DACA, no fueron dados los mismos beneficios y aún viven con el miedo de ser deportados cada día.

No era la única que me vi beneficiada de este nuevo programa. En los primeros dos años, la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) aprobó alrededor de 610,000 aplicantes de DACA, el 10% de los cuales se identifican como LGBTQ.

El programa permitió que mucha gente, incluyendo a mí misma, puedan recibir una licencia de manejo u otra forma de identificación por primera vez.

Tener una identificación vigente es extremadamente importante para los inmigrantes indocumentados LGBT que frecuentemente padecen discriminación racial de parte de la policía y que temen que cualquier contacto con la ley podría resultar en detención o deportación, especialmente sin una identificación vigente.

De hecho, hasta el 73% de la gente LGBT y la gente que vive con VIH divulgan tener interacción cara a cara con la policía en los últimos cinco años.

Imagen de la demostración en Atlanta, cortesía de Steve Pavey.

Dos años después, en noviembre de 2014, el presidente Obama cambió los requisitos de edad y plazo de residencia de DACA, permitiendo que más jóvenes inmigrantes califiquen. También hizo a padres de hijos ciudadanos y residentes permanentes elegibles para el programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales, conocido como DAPA. Mis propios padres no calificaron para estas nuevas y enmendadas políticas. Sin embargo, se ha estimado que las mismas tenían la posibilidad de proteger hasta 5 millones de personas contra la deportación, incluso alrededor de 200,000 inmigrantes LGBT.

En febrero de 2015, Texas y otros 25 estados demandaron para evitar que estas políticas tomaran efecto. Una orden de restricción bloqueó las políticas temporalmente. El caso eventualmente llegó al Tribunal Supremo, con grupos como Lambda Legal uniéndose a un escrito como amigo del tribunal, o amicus, en apoyo de la acción ejecutiva.

Durante el próximo año, trabajé con Freedom University, una organización que provee cursos a nivel universitario, clases de preparación para exámenes estandarizados y ayuda con solicitudes para becas y ayuda financiera para estudiantes indocumentados en Georgia. Mientras tanto, yo y los miles de personas en mi posición aguardaban ansiosamente la decisión del Tribunal Supremo sobre el nuevo DACA ampliado y DAPA.

A nuestra consternación, el 23 de junio de 2016, el Tribunal Supremo anunció un tribunal estancado 4 a 4, que tuvo el efecto de permitir que permanezca el lugar la orden de restricción que bloqueaba las políticas.

Después del anuncio, el presidente dijo en un comunicado de prensa que él “ha empujado hasta los límites su autoridad ejecutiva” y “no anticipa que haya acciones ejecutivas adicionales que pueda tomar” con respecto al tema de inmigración. El también indicó que le corresponde al Congreso realizar algún cambio en la actual política migratoria.

Este fracaso para tomar grandes pasos con respecto a la política migratoria nos dejó frustrados y apesadumbrados que, desafortunadamente, son sentimientos demasiados comunes en la comunidad inmigrante.

Animados por la decisión del tribunal y por las declaraciones de Obama, activistas a través del país se han movilizado.

Algunos incluso han pedido una moratoria inmediata en deportaciones además de presentar algunos pasos que el presidente Obama todavía puede tomar, por ejemplo dirigir sus esfuerzos a los temas de redades llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, o DHS), la corroboración de la policía local con DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, o ICE), y la detención de inmigrantes, enfocándose en mejorar las condiciones para los detenidos más vulnerables, que incluye a gente transgénero y transexual, gente que vive con VIH y  gente embarazada.

Activistas han protestado en Atlanta, Nashville, Philadelphia, Chicago y otras grandes ciudades para hacer saber sus demandas.

Yo tuve el privilegio de participar en la demostración en Atlanta junto a la Alianza Latina para Derechos Humanos en Georgia (GLAHR), Sureños en Nueva Tierra (SONG), Black Lives Matter, grupos de derechos LGBTQ, La Lucha por $15 (Fight for $15), líderes religiosos, estudiantes,  maestros y muchos más; juntos hicimos evidente el compromiso unido a escala nacional para terminar la criminalización de inmigrantes y apoyar una reforma migratoria humana.

Nos colocamos en una intersección ocupada enfrente del edificio de la corte de inmigración de Atlanta. Dos hombres se encadenaron a las escaleras mientras que varias docenas de participantes los rodearon, coreando “¡Desarmen a ICE!” y “¡Sin papeles! ¡Sin miedo!”

Para mí, como para muchos inmigrantes, el fracaso de no poder acabar con la orden de restricción que bloquea el DACA ampliado y DAPA significa que muchos amigos y seres queridos no podrán sentir el mismo alivio que he sentido en los últimos cuatro años, siendo beneficiaria del DACA original de 2012. A pesar de esto, nosotros en la comunidad continuaremos organizando y exigiendo soluciones legislativas permanentes que incluyan a todos 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Me alegró oír que la administración de Obama ha pedido que el Tribunal Supremo oiga este caso otra vez cuando tenga nueve jueces, para no repetir un voto empatado.

Mientras tanto, seguimos adelante. El trabajo todavía no ha acabado. La lucha sigue.

Conoce tus derechos. Lambda Legal te informa en español sobre los siguientes asuntos y más:

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